La Administración, con el dictado de actos administrativos, altera de manera unilateral la situación jurídica del particular. Aquellos actos, además, se presumen legítimos y son ejecutorios, lo que implica, entre otras cosas, que la interposición de recursos administrativos y/o acciones judiciales no suspenden, en principio, sus efectos. Sin embargo, y sin perjuicio de la pretensión de nulidad que pueda articular el administrado, éste también podría requerir la suspensión de los efectos del acto administrativo tanto en sede administrativa como en sede judicial y, en este último caso, no solo sin haberse agotado la vía administrativa recursiva o reclamatoria sino, también, cuando, habiéndosela agotado, se hubiere interpuesto un recurso o reclamo optativo.
El autor analiza en forma exhaustiva la suspensión de los efectos del acto administrativo, como consecuencia de una pretensión suspensiva articulada por un particular, es decir, como una garantía a favor de los particulares. A tal fin, estudia el régimen jurídico anterior y posterior al dictado de la Ley 26.854 que regula las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado nacional.