El debido proceso y las garantías inherentes al mismo, como principio jurídico con anclaje en el derecho natural, constituye en nuestro Estado de Derecho un paradigma exigible a todos los órganos de gobierno en ejercicio de cualquiera de sus funciones y condición inexcusable para la validez de las decisiones oficiales. Jurisprudencial y doctrinariamente, se ha reconocido el resguardo del debido proceso en la regulación y realidad práctica de los trámites ante Comisiones Médicas.
En este paper, los autores profundizan acerca de la instancia administrativa previa, dispuesta para dilucidar las cuestiones atientes a las contingencias laborales y las garantías procesales.