La política criminal nacional, haciéndose eco de los cambios operados en el mundo en materia de criminalidad organizada, ha creído conveniente armonizar su legislación represiva al compás de los lineamientos internacionales y reformular de manera integral la figura del arrepentido en el art. 41 ter del Código Penal argentino, extendiendo su ámbito de aplicación a otras infracciones relacionadas con una criminalidad estructural, más compleja, y de índole trasnacional. A este esfuerzo conjunto debe agregarse la coetánea sanción de la Ley N° 27.319 que da carta de ciudadanía a otras figuras de igual envergadura y aún más criticadas (el agente encubierto, el agente revelador, el informante). Sin embargo, debe cuestionarse la eficacia de esta causal personal de reducción de la pena y cabe interrogarse o, directamente cuestionar, la eticidad de este acuerdo entre el Estado y el coimputado arrepentido.