A partir de la ley 27.372, denominada “Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos”, puede afirmarse que se ha cristalizado la tutela integral de los derechos y garantías judiciales de la víctima. Lejos de una regulación muchas veces anárquica que se reflejaba en la sanción de leyes especiales para víctimas de delitos en particular, por ejemplo, el de trata de personas, sumado a la diáspora normativa de las legislaciones procesales penales provinciales, la citada ley establece el quantum mínimo necesario del sistema jurídico argentino a partir del cual las distintas jurisdicciones provinciales pueden y deben robustecer esos derechos y garantías de las víctimas de delitos.