Hacia fines de 2015, el Estado Nacional adoptó como decisión estratégica el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, como modo de facilitar su apertura al mundo desarrollado y obtener mayores inversiones en el país. El Poder Ejecutivo dictó una serie de disposiciones, entre la que se encuentra el Decreto N° 891/2017 (B.O. 02/11/2017), que instituyó algunos recaudos que los organismos del sector público nacional deben tener presente, en lo que al dictado de reglamentos regulatorios se refiere. En efecto, bajo el título de “Buenas prácticas en materia de simplificación”, el Poder Ejecutivo Nacional incorporó normativamente, rutinas y controles “ex ante” y “ex post” al dictado de las respectivas regulaciones, de aplicación a todo el Sector Público Nacional.
En este contexto, el autor al estudiar el decreto 891/2017 nos brinda un valioso aporte para mejorar las decisiones públicas, a la vez que analiza las consecuencias de su incumplimiento y considera que su falta de observancia podría generar un vicio de nulidad por violación de las formas esenciales, en los términos del art. 14, inc. b), de la LNPA.