El surgimiento de la enfermedad covid-19 y su calificación como pandemia por la Organización Mundial de la Salud generaron la necesidad de tomar medidas por parte de los Estados para proteger la salud pública. Con lo cual, la actividad regulatoria tuvo un crecimiento exponencial, especialmente, en el caso de Argentina, a partir de Decretos de Necesidad y Urgencia. El punto es que las decisiones del Poder Ejecutivo, con el fin de proteger la salud, impactaron en la vida y la libertad de la ciudadanía.
La autora analiza si existe la posibilidad de responsabilizar al Estado por los daños patrimoniales sufridos por algunos ciudadanos. A tal fin, toma como hipótesis de trabajo el caso del dueño de un comercio al que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio le impidió mantener y cerró definitivamente. A partir de este caso “testigo” se desarrolla una estructura argumental que resultaría aplicable a otros casos.